Llevaban pagando su casa ocho años y eran una familia "estable y feliz" hasta que llegaron los problemas de dinero y, poco después, la orden de desalojo. Así se recuerda Yamina, de 37 años y natural de Marruecos, junto a su marido y sus tres hijas de 11, 6 y 3 años. Al contrario que en la mayoría de los casos, ninguno de ellos perdió su empleo, pero mientras la cuota del crédito se inflaba, sus salarios no hacían más que adelgazar.
"El banco nos pasó mensualidades de hasta 1.200 euros y ni con los dos sueldos llegábamos. Era o comer o pagar la hipoteca", relata la mujer. Antes del desahucio, la entidad bancaria, Caja España, les concedió la dación en pago, pero nunca el alquiler social. El motivo: que sus ingresos mensuales superan 100 euros los umbrales marcados por el convenio que regula el Fondo Social de Vivienda del Gobierno.
Esta medida, impulsada por el ministerio de Fomento, el de Economía y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con las entidades bancarias que quisieron adherirse voluntariamente, pone a disposición de las personas que han sufrido un desalojo 6.000 viviendas de alquiler social. Es decir, contratos de arrendamiento que no superen el 30% de los ingresos mensuales de la unidad familiar (con un mínimo de 150 euros y un máximo de 400) y que podrán alargarse hasta dos años, con uno más de prórroga siempre que se siga cumpliendo con las requisitos establecidos.
Hasta el momento, según datos del Secretario de Estado de Economía, solo 410 pisos se han convertido en hogares. Como ha informado este jueves el ministro de Economía, 750 viviendas están adjudicadas, aunque todavía no se ha formalizado el contrato de todas ellas. La propia cartera de Luis de Guindos reconoce el fracaso de esta medida, que no está dando una respuesta real a las necesidades de las personas que se quedan sin techo. El ministerio y también las propias entidades bancarias atribuyen esta situación a la dureza de los requisitos marcados en el convenio para el acceso a una vivienda de estas características.