El fondo social de vivienda, tras un año y medio anunciado, evidencia su fracaso

Llevaban pagando su casa ocho años y eran una familia "estable y feliz" hasta que llegaron los problemas de dinero y, poco después, la orden de desalojo. Así se recuerda Yamina, de 37 años y natural de Marruecos, junto a su marido y sus tres hijas de 11, 6 y 3 años. Al contrario que en la mayoría de los casos, ninguno de ellos perdió su empleo, pero mientras la cuota del crédito se inflaba, sus salarios no hacían más que adelgazar.

"El banco nos pasó mensualidades de hasta 1.200 euros y ni con los dos sueldos llegábamos. Era o comer o pagar la hipoteca", relata la mujer. Antes del desahucio, la entidad bancaria, Caja España, les concedió la dación en pago, pero nunca el alquiler social. El motivo: que sus ingresos mensuales superan 100 euros los umbrales marcados por el convenio que regula el Fondo Social de Vivienda del Gobierno.

Esta medida, impulsada por el ministerio de Fomento, el de Economía y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con las entidades bancarias que quisieron adherirse voluntariamente, pone a disposición de las personas que han sufrido un desalojo 6.000 viviendas de alquiler social. Es decir, contratos de arrendamiento que no superen el 30% de los ingresos mensuales de la unidad familiar (con un mínimo de 150 euros y un máximo de 400) y que podrán alargarse hasta dos años, con uno más de prórroga siempre que se siga cumpliendo con las requisitos establecidos.

 Hasta el momento,  según datos del Secretario de Estado de Economía, solo 410 pisos se han convertido en hogares. Como ha informado este jueves el ministro de Economía, 750 viviendas están adjudicadas, aunque todavía no se ha formalizado el contrato de todas ellas. La propia cartera de Luis de Guindos reconoce el fracaso de esta medida, que no está dando una respuesta real a las necesidades de las personas que se quedan sin techo. El ministerio y también las propias entidades bancarias atribuyen esta situación a la dureza de los requisitos marcados en el convenio para el acceso a una vivienda de estas características.

REQUISITOS: http://imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/conveniofsva.pdf

La falta de ayudas de Enseñanza obliga a decenas de niños a tener que acudir a comedores sociales

Son cerca de las tres de la tarde cuando Omar, de 14 años, llega al comedor de la Fundación Joan Salvador Gavina. Se lava las manos y sin muchas dilaciones ataca el plato de pasta, la ensalada y el yogur. Este comedor acoge diariamente a 60 niños entre 3 y 18 años del castigado barrio del Raval de Barcelona. En los últimos cuatro años se ha duplicado el número de chavales que toman aquí el almuerzo. “El colegio es muy caro”, suelta Omar. El resto de compañeros o no tienen beca o la ayuda no cubre el coste del menú o bien estudian en un instituto con jornada intensiva, así que no tiene comedor.

La combinación del enquistamiento de la crisis y los recortes de las ayudas ha sido demoledor para muchas familias. La pobreza infantil se alza ya hasta el 26,4% y las becas comedor, a pesar del incremento de este año, se han quedado en el nivel de 2010. Ayuntamientos, entidades y escuelas han alertado de que son insuficientes.

“Progresivamente hay más familias que caen en la pobreza. El perfil más habitual es el de dos padres que eran autónomos y se encuentran que tienen trabajo, pero sus proveedores no pagan, así que se ven ahogados por las deudas y tienen que acabar cerrando el taller o la tienda. Es el prototipo de familia ida a menos de repente”, abunda Anna Mackay, directora de la escuela El Pins de Montbau. Aquí pagan la comida a una docena a alumnos sin beca, en muchos casos porque son “nuevos pobres”, no acostumbrados a pedir ayuda. “Si se van a casa, sabemos que no comen", apostilla.

La gravedad de la crisis ha llevado este curso a abrir algún comedor en entidades socioeducativas, como el de la Asociación Educativa Integral del Raval, que alimenta cada día a 26 adolescentes. “No nos queremos dedicar a esto, pero nos hemos visto obligados a hacerlo”, admite Ignasi Sagalés, el director de la entidad. Se trata de estudiantes, o que no han tramitado la beca o que han cambiado de barrio a raíz de un desahucio y ahora no pueden ir a casa.

Sagalés cree que los institutos son los “grandes olvidados” de las becas comedor”. El 80% de estos centros hacen jornada intensiva y carecen de él. La medida permitió a la Generalitat a ahorrar el curso pasado nueve millones de euros. El Departamento de Enseñanza niega que haya menores con problemas porque “cuando se detecta un caso se le atiende”. Los estudiantes vulnerables de secundaria, añaden, “o comen en las escuelas o se les deriva a los servicios sociales”.